La máxima autoridad regional valoró el despacho a ley de la normativa que modifica la ley N° 18.168, para regular el tendido de cables aéreos y que responsabiliza a las empresas de su retiro y mantención. “Es una ley que claramente beneficia a la población y mejora nuestra ciudad”, destacó la Intendenta.

 Santiago, 03 de julio de 2019.- La Intendenta Metropolitana, Karla Rubilar, quien lidera la mesa de cables en desuso en la capital, celebró la aprobación y despacho a la ley de la legislación que busca solucionar el exceso de líneas en desuso de servicios de telecomunicaciones y eléctricas, conocida como #ChaoCables.

La moción parlamentaria quedó lista para su promulgación y viene a reforzar el trabajo de la mesa de cables que está liderando la Intendencia y de la que participan la subsecretaría de Telecomunicaciones, municipios y empresas eléctricas. A diez meses de su conformación, la mesa ha logrado retirar 105.000 metros de cable en sólo dos comunas y se prevé que de aquí a fin de año se retire cerca de un millón de metros.

“Esta ley le pone el cascabel al gato y ya no se trata de buena voluntad de las empresas, sino que establece su responsabilidad en la mantención de los cables y el retiro de la basura aérea que dejan. Estaremos fiscalizando que esta ley se cumpla, porque claramente beneficia a la población y mejora el funcionamiento de nuestra ciudad, no sólo por un tema estético. Es parte de la discusión que estamos dando para que Santiago avance a ser una ciudad más resiliente”, afirmó la Intendenta Rubilar.

La propuesta aprobada por el parlamento, consigna que las concesionarias y permisionarias que, conforme a esta ley, cuenten con líneas aéreas o subterráneas de servicios de telecomunicaciones, tales como líneas, cables, ductos, poliductos, microductos, crucetas, anclajes, tirantes, cajas de control, acometidas, gabinetes, armarios, mufas, cámaras y todo otro elemento perteneciente a la red, serán responsables de su adecuada instalación, identificación, modificación, mantención, ordenación, traslado y retiro, conforme a la obligación legal de contar con planes de gestión y manejo de redes.

Se especifica luego que estos planes deberán dictarse en un plazo de noventa días, contado desde la publicación de esta norma como ley; y detalla que la regla se extenderá a las instalaciones de tales artefactos, incluidos los adosados exteriormente a edificios, en condominios de viviendas sociales.

El incumplimiento de esta obligación será sancionado con una multa a beneficio municipal de 100 a 1.000 UTM (entre $4.903.300 y $49.033.000). Y en caso de que sea el municipio quien se haga cargo, el costo también correrá por cuenta de las empresas mediante reembolso.

Asimismo, deberán hacerse cargo de la respuesta ante emergencias de distintos tipos de eventos.

Finalmente, la normativa se extiende además a los “postes e instalaciones que se encuentren adosadas exteriormente a los edificios en condominios de viviendas sociales”.